La detención preventiva constituye una de las mayores restricciones al derecho fundamental de la libertad personal reconocido en el artículo 17 de la Constitución Española. Por ello, el marco legal que regula esta actuación policial requiere de la máxima precisión y respeto a los principios jurídicos, tanto nacionales como internacionales.
En este contexto, el Ministerio del Interior ha aprobado una nueva actualización del procedimiento integral de detención policial, con el objetivo de reforzar las garantías de las personas detenidas y consolidar un protocolo unificado que aporte seguridad jurídica a los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Fundamentos legales y marco internacional
El derecho a la libertad y sus limitaciones
La detención preventiva está regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero también se apoya en tratados y convenios internacionales ratificados por España, como:
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La Declaración Universal de los Derechos Humanos (ONU, 1948).
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966).
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El Convenio Europeo para la Prevención de la Tortura (1987).
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La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.
Principios éticos y deontológicos
El trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad se inspira en documentos clave como el Código de Conducta para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (ONU, 1979), la Declaración sobre la Policía del Consejo de Europa (1979) y el Código Europeo de Ética de la Policía (2001). Todos ellos han contribuido a reforzar el estatuto ético y profesional de los agentes españoles.
El papel de la Ley Orgánica 2/1986
Principios rectores de actuación
El artículo 5 de la Ley Orgánica 2/1986, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece los principios fundamentales que deben guiar la actuación policial. Entre ellos, el respeto escrupuloso a los derechos de los ciudadanos y la sujeción a los controles legales.
Régimen disciplinario y control interno
Además, los regímenes disciplinarios sancionan las vulneraciones de derechos, mientras que las directrices internas trasladan a los agentes protocolos claros que garantizan actuaciones ajustadas a la legalidad.
La Instrucción 1/2024 y su evolución
Principales novedades introducidas en 2024
Con la Instrucción 1/2024, se aprobó por primera vez el “procedimiento integral de la detención policial”, que incluía medidas innovadoras como:
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Regulación específica para menores, extranjeros y personas con cargos públicos.
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Medidas contra la discriminación por orientación sexual, identidad de género o características sexuales.
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Disposiciones para personas vulnerables o con riesgo de autolesión.
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Normas relativas a la libertad ambulatoria, como la conducción a dependencias policiales.
Balance tras su aplicación
La experiencia acumulada desde su puesta en marcha y las aportaciones de organismos como el Defensor del Pueblo han evidenciado la necesidad de adaptar el protocolo a la realidad actual.
Inclusión del colectivo LGTBI y perspectiva de diversidad
La nueva actualización enfatiza la protección frente a la discriminación, con especial atención al colectivo LGTBI y a las personas trans, reforzando la igualdad de trato en todas las fases del proceso de detención.
Un protocolo dinámico y revisable
El nuevo procedimiento integral se concibe como un instrumento normativo flexible y sujeto a revisión, de forma que pueda ajustarse a la evolución jurisprudencial del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, así como a las recomendaciones de organismos nacionales e internacionales.
Con esta actualización, España refuerza su compromiso con los estándares internacionales de derechos humanos y con la consolidación de un marco legal que proteja tanto a los detenidos como a los propios agentes en sus intervenciones.
En definitiva, el nuevo protocolo busca equilibrar la eficacia policial con el respeto absoluto a los derechos fundamentales, consolidando un modelo de actuación transparente, seguro y plenamente adaptado a la sociedad actual.
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